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En nuestra comunicación anterior sobre Arrendamientos Urbanos, comentábamos que el 14 de Diciembre de 2018 se promulgó el Real Decreto Ley 21/2018, modificando diversos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre, rectificados anteriormente por Ley de Arrendamientos Urbanos 4/2013 de 4 de Junio, si bien fue derogado el 22-01-2019.

Pues, por Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, el Gobierno ha vuelto a poner en vigencia el Real Decreto Ley 21/2018.

Ante la proliferación en las viviendas de edificios sujetos al régimen propiedad horizontal que, lógicamente, genera en muchos casos molestias e incluso graves perjuicios a los vecinos, es conveniente saber que pueden adoptarse medidas tendentes a eliminar tan desagradables situaciones.

Para ello, deben tomarse inicialmente una serie de decisiones simultáneas, tales como poner el hecho en conocimiento del presidente de la comunidad de propietarios; instar al dueño del animal a que cesen las molestias y perturbaciones dimanante del mismo; y a denunciarle ante la Policía Local si no hace caso; al tiempo que se reúnan cuantas pruebas acrediten dichas perturbaciones.

Para el supuesto de que las actuaciones realizadas resultaran ineficaces, en nuestro despacho le atenderíamos y procederíamos a llevar a efecto cuanto fuera necesario para obtener un resultado satisfactorio haciendo desaparecer su problema.

El 14 de Diciembre de 2018 se promulgó el Real Decreto Ley 21/2018, modificando diversos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos 4/2013 de 4 de Junio. Pero tal R.D.Ley ha sido derogado el 22-01-2019, con lo que vuelve a tener pleno vigor la Ley arrendaticia de 2013.

Sin embargo, aquellas personas que durante la vigencia del R.D. Ley 21/2018 (desde el 18-12-2018 hasta el 22-01-2019) hayan celebrado contratos de arrendamientos de viviendas con sujeción a este R.D.Ley, deben que los mismos seguirán plenamente vigentes hasta la fecha de finalización del contrato, en todas sus estipulaciones.

Esta alta ideologización que se imprime a las normas jurídicas por el Gobierno y los políticos de turno, genera una gran inseguridad para los ciudadanos, a todas luces rechazable, por lo que hemos de estar muy atentos al devenir de los acontecimientos, dado que se anuncia que en breve habrá una nueva modificación de dicho texto legal de 2013, por lo que este despacho de LUCAS ABOGADOS está a disposición de cuantas personas necesiten de sus Asesoramientos.

El tema que planteo es de gran interés, pues a menudo en los Despachos matrimonialistas nos encontramos con que el progenitor/a que ha de pagar pensión de alimentos a sus hijos/as no lo hace (por razones varias) y se le acumulan sumas importantes pendientes de pago, con el consiguiente perjuicio al padre/madre que ostenta la custodia de los menores, que ha de suplir los incumplimientos del otro.

¿Es realmente la solución en supuestos de ruptura marital o de parejas no casadas con hijos?

Cuando se produce una ruptura de pareja, hay muchas cuestiones que dirimir, y dejando aparte ya las afectivas y puramente materiales, uno de los puntos más incidentes para la continuidad del bienestar familiar post ruptura, es la custodia de los hijos menores comunes ¿Cómo van a distribuirse los tiempos entre las dos figuras parentales, se paga pensión cuando se estipula una custodia compartida?

Facilítanos una copia de tu hipoteca y te informaremos si es viable reclamar a tu banco la devolución de los gastos de notaría, registro, gestoría, tributos..., en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015.

Asegúrate si la cláusula obrante en tu hipoteca es abusiva para iniciar los trámites cuanto antes.

Si habéis sido padres desde 2011 debéis informaros cuanto antes si tenéis derecho a reclamar la devolución de la prestación por maternidad.

En base a la reciente Sentencia de fecha 6 de julio de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo del Tribunbal Superior de Justicia de Madrid, se abre la vía a la posible reclamación administrativa a la Agencia Tributaria, en lo refrente a las cantidades indebidamente tributadas por la prestación por maternidad en el IRPF.

Llámanos e infórmate de la documentación que necesitamos para analizar tu caso.

Estamos a la espera de que, de forma previa, el Abogado General presente sus conclusiones, y en segundo lugar, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva sobre la retroactividad total de las cantidades injustamente cobradas en su hipoteca, que provocará que le sean devueltas a los consumidores los intereses pagados de más desde el inicio del crédito hipotecario, o sigan, como hasta a ahora, devolviéndose aquellos intereses injustamente generados desde el pasado mes de mayo de 2.013.

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RECUERDE QUE EN NINGÚN SUPUESTO TENDRÁ COSTE ALGUNO PARA USTED.

Por Ley 4/2013, se han llevado a efecto algunas modificaciones de esta ley relativas a tiempos de duración de contrato y otras cuestiones de interés en cuanto al procedimiento y demás, de los que iremos dando noticias puntualmente.

Recientemente la Audiencia Nacional ha planteado ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, consultando al alto tribunal sobre si esta norma vulnera la ley fundamental ya que entiende que la ley de tasa judiciales puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público.

La sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional considera que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional.

La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro de "ciertos límites y procedimientos y circunstancias, es perfectamente constitucional", pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a la jurisdicción y de obtener tutela judicial.

"Las consecuencias de la falta de pago de las mismas sí pueden constituir trabas que resulten innecesarias, excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador", explica el auto, que recalca que la asistencia jurídica gratuita no alcanza a la mayoría de la población.